Gobierno mexicano saca «tarjeta roja» a Odebrecht

El gobierno mexicano le sacó la «tarjeta roja» a la constructora brasileña Odebrecht, al prohibir a todas las dependencias y a los estados del país participar en contrataciones públicas con las empresas ligadas a esa compañía por un período de tres años.

«Se metieron hasta en la cocina. Eso se acabó. Esas empresas corruptas no van a tener posibilidades de participar en licitaciones», afirmó el presidente Andrés López Obrador.

El mandatario recordó que el consejo de administración de Odebrecht llegó a sesionar en Los Pinos, hasta hace poco la residencia oficial de los mandatarios, ahora convertida en museo.

El ministerio de la Función Pública señaló que este veto abarca a instituciones de la administración pública, empresas del Estado, estados y Fiscalía General de la República.

La medida fue adoptada luego de que esta dependencia sancionó a Odebrecht Ingeniería y Constructora Norberto Odebrecht porque «presentaron información falsa, durante la celebración» de un contrato y por realizar «cobros excesivos» a Pemex Refinación, filial de la petrolera gubernamental Pemex.

«La instrucción es que no se entreguen contratos a empresas que estén involucradas en corrupción», señaló el jefe de Estado.

La prohibición fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y se extendió a los 32 estados del país «cuando utilicen recursos federales» derivados de convenios con el poder ejecutivo.

Sin embargo, la inhabilitación no incluye los contratos en curso o los que ya han sido formalizados, aunque López Obrador hizo notar que se van a revisar «contratos vigentes» con la compañía «de conformidad con la ley». Odebrecht se encuentra en la mira de la justicia desde hace varios años luego de que sus directivos advirtieron haber pagado sobornos en 12 países por unos 788 millones de dólares. En México, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que encabezó la empresa entre 2012 y 2016, fue acusado de recibir 10.5 millones de dólares, pero hasta ahora no ha sido imputado.

Tampoco lo ha sido ningún otro alto funcionario gubernamental, a diferencia del resto de países, especialmente Perú, donde ha llevado a prisión incluso a ex presidentes. Según versiones, el dinero recibido por Lozoya fue enviado a través de complejas triangulaciones a través de paraísos fiscales y habría servido para financiar la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto, pero el exfuncionario ha desmentido estas informaciones.

Lozoya ha sido llamado a comparecer ante la Procuraduría General, convertida hace poco en Fiscalía General, y según columnistas políticos ha habido fuertes «presiones políticas para imputarlo por el caso de corrupción» vinculadas con Odebrecht.

Anteriormente, en diciembre de 2017, el gobierno de México impuso una sanción a Odebrecht y la inhabilitó por cuatro años para obtener contratos públicos, después de que se demostró el cobro indebido de 119 millones de pesos (6,2 millones de dólares) en el proyecto de una refinería. La Auditoría Superior de la Federación determinó, además, que Pemex efectuó pagos irregulares por unos 46 millones de dólares a Odebrecht al generar sobrecostos sin justificar las obras de una refinería. La titular del ministerio, Eréndira Sandoval, subrayó el compromiso del gobierno federal en contra la corrupción y la impunidad en el país.

Analistas políticos y activistas han hecho notar que los altos grados de impunidad en México han evitado que, como otros países, sean castigados los funcionarios vinculados en la trama corrupta que tejió en el país Odebrecht.

«En diversos países funcionarios han sido destituidos, encarcelados o se encuentran bajo investigación por vínculos con Odebrecht», indicó la Organización Nacional Anticorrupción. «En México, a pesar de que existen datos sobre anomalías e indicios de complicidad de Peña Nieto, Emilio Lozoya y otros, no hay ninguna repercusión legal», afirmó.

Diversos factores han hecho que los involucrados en este escándalo de gran envergadura «se mantengan impunes» en este país y que no haya «una investigación seria y, sobre todo, un atisbo de justicia», dijo Janet Oropeza, del Programa de Rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar.

/ANSA

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